Andrea(s) Speck

El crimen del ecocidio: una trampa liberal

El ecocidio es un crimen. No tengo ninguna duda, como también la guerra (cualquier guerra) es un crimen. No obstante, me opongo a las propuestas de crear el ecocidio como un nuevo delito dentro de cualquier código penal, o del derecho internacional. Cuando hablo de un ‘crimen’ (y, al otro lado, de ‘justicia’), me refiero generalmente a un sentido coloquial, ético, y no a un sentido legal.

Podría decir que soy anarquista, y me opongo a cualquiera ley de cualquier Estado. Pero sería demasiado simple, y no convencería a nadie más allá de les anarquistas. Por esto me gustaría explicar en este texto breve mi oposición a la creación de un nuevo delito.

Las origines del concepto del crimen de ecocidio

El concepto del ecocidio como crimen tienen sus orígenes en la guerra de Vietnam y el uso de Agente Naranja por los Estados Unidos durante la guerra.

Durante la Guerra de Vietnam, entre 1962 y 1971, el ejército de Estados Unidos roció casi 20 millones de galones (76 000 000 de litros) de material que contenía herbicidas y defoliantes químicos mezclados con combustible para aviones en Vietnam, el este de Laos y partes de Camboya. El objetivo del programa era defoliar tierras forestales y rurales, privando a la guerrilla de cubierta donde protegerse; otro objetivo era la inducción forzosa de proyectos de urbanización, la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los Estados Unidos, privando así a la guerrilla de su apoyo rural y el suministro de alimentos.

En conjunto, más del 20 % de los bosques de Vietnam del Sur fueron rociados al menos una vez durante un período de nueve años. Sólo en Vietnam del Sur, se estima que 10 millones de hectáreas de tierra agrícola fueron finalmente destruidas. En algunas zonas, las concentraciones de TCDD en el suelo y el agua eran cientos de veces mayores que los niveles considerados seguros por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

De este contexto se ha desarrollado el concepto del crimen del ecocidio. Según la web ‘Ecocide Law’, la palabra ‘Ecocidio’ fue registrada en la Conferencia sobre Guerra y Responsabilidad Nacional en Washington en 1970, donde Arthur Galston propuso un nuevo acuerdo internacional para prohibir el Ecocidio. En una forma reducida – como “daños extensos, duraderos y graves al medio natural”, ahora forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crimen de guerra [1].

No obstante, la propuesta de criminalizar el ecocidio va más allá de crímenes de guerra. Propone incluir el crimen del ecocidio como un crimen independiente en el Estatuto de Roma, con la idea que así la Corte Penal Internacional podría asumir un papel activo en la protección de nuestro planeta y sus ecosistemas. Según las preguntas frecuentes de la web ‘Ecocide Law’, “La ley del Ecocidio tiene la capacidad de interrumpir el ciclo de daños graves que lleva del agotamiento de los recursos a la pérdida, el daño y la destrucción, al desplazamiento climático o al conflicto, incluso a la guerra. La protección de la tierra se convierte en la prioridad absoluta; la migración con dignidad para los desplazados climáticos se convierte en un deber internacional y se prohíbe la actividad ecocida.”

Problemas de la perspectiva jurídica

Hay varios problemas con esta perspectiva jurídica. Aquí solamente me gustaría señalar algunos:

1. La perspectiva jurídica pone el enfoque en la responsabilidad individual y oculta la responsabilidad del sistema

Es un aspecto clave del cualquier sistema jurídico penal que el enfoque es en la responsabilidad individual. Es decir: el ecocidio sería resultado de decisiones individuales y libres, y no de un sistema cisheteropatriarcal, capitalista, productivista y consumista. En la mala tradición liberal, se excluya al sistema del discurso, y solamente se habla de las decisiones y responsabilidades de individuos. No quiero exculpar a los individuos – los directores de empresas multinacionales como Repsol, Exxon, DowDuPont, entre otras, es innegable, y es indudable que aunque actúan en un sistema capitalista tienen cierto margen de obra. No obstante, la emergencia climática y ecológica (y social) actual no es el resultado de unas malas empresas o decisiones dentro de un sistema qué principalmente funciona bien. Es decir: no se trata de fallos del sistema, que se podría arreglar, sino del sistema mismo en su estado puro y duro que esta causando esta crisis.

2. Los tribunales internacionales no actúan en un vacío

Todos los tribunales – nacionales y internacionales – actúan en un contexto de poder. Aunque son, en la teoría, formalmente independientes, esto no significa que los poderes reales no influyen en las decisiones que toman. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia nunca abrió un proceso en contra de la OTAN. Solamente abrió procesos en contra de militares, políticos y civiles de los países de la antigua Yugoslavia.

¿Pensamos que esto sería diferente en el caso de un crimen de ecocidio? ¿Pensamos en serio que se pondría los directores de las multinacionales de la industria de la carne en el banquillo por la destrucción del Amazonas? Más bien, sería probable que se juzgaría los directores de los filiales locales de empresas multinacionales por sus ‘decisiones criminales’, pero no a los directores de las multinacionales. De nuevo – como también se puede ver en los casos de la Corte Penal Internacional, los problemas se localizaría en los países del Sur Global, ocultando así la responsabilidad de los países enriquecidos (por robo, por dominación, etc).

3. Cualquier sistema penal requiere un poder represivo del Estado

A un nivel más profundo, cualquier sistema penal requiere un poder represivo del Estado: policía y cárceles. Desde una perspectiva de la noviolencia (en una palabra, como filosofía), tanto la policía como todo el aparato carcelario son instituciones altamente violentas. ¿Podemos, en serio, basarnos en la noviolencia y exigir nuevos poderes represivos para el Estado? ¿Y, en serio, pensamos que estas instituciones serán neutral, que este poder represivo no se utilizaría en contra de nosotres, mucha más qué en contra de unos directores de unas empresas malas dentro de un capitalismo verde?

Hay toda una tradición de un movimiento anti carcelario, incluso desde una perspectiva feminista. Me parece más adecuado sumarnos a esta tradición libertaria y liberadora en vez de contribuir a fortalecer al Estado represivo.

Conclusiones

En algunos corrientes de los movimientos por la justicia climática y contra la extinción – especialmente en Extinction Rebellion – existe la idea de que una penalización del ecocidio como delito podría contribuir a frenar la actual destrucción rápida de las bases de nuestra vida. Desde mi perspectiva, la propuesta de un crimen de ecocidio en el derecho penal internacional o nacional es poco más que una trampa liberal, que desvía nuestra atención desde el sistema capitalista cisheteropatriarcal como responsable principal del ecocidio ya en marcha a una responsabilidad individual de unas personas o empresas (o políticos) malas. No necesitamos nuevos crímenes, sino más desobediencia y más responsabilidad ecosocial.

Más allá de esta perspectiva individualista inherente en la propuesta, un debate jurídico penal es casi siempre desempoderante, y en muchos casos impide o hace más difícil un debate en la sociedad sobre la responsabilidad compartida, los raíces del problema, y la búsqueda de una solución. Un ejemplo son los juicios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. No solamente estos juicios se limitaron a pocos aspectos en los qué hubo pruebas suficientes para una culpabilidad penal, más allá como el Tribunal fue visto como justicia de los ganadores de la guerra por una gran parte de la población, impidió los debates dentro de las sociedades del antiguo Yugoslavia.

Hasta el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild en ingles) de los Estados Unidos pide “el desmantelamiento y la abolición de todas las prisiones y de todos los aspectos de los sistemas e instituciones que apoyan, condonan, crean, llenan o protegen las prisiones.” ¿Y nosostres?

En vez de exigir más cárcel y nuevos delitos, en vez de delegar la ‘justicia’ a expertos – fiscales, jueces, abogades – deberíamos reclamar la responsabilidad social por unas sociedades socialmente y ecologicamente justas, y aprender de las experiencias de una justicia restaurativa o transformadora en un marco anti punitiva.

Andrea(s) Speck

Notas

[1] Articulo 8, b iv) define como ‘crimen de guerra’: “Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;”. Véase: http://www.derechos.net/doc/tpi.html

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